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Por Marcelo Vera , 30 de agosto de 2022 | 18:59

Gobierno explica la decisión de querellarse contra empresario Pedro Pool

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Gobierno ingresó una querella contra el empresario osornino Pedro Pool por las polémicas amenazas que se han hecho reiterativas en las últimas semanas.

La decisión se tomó esto luego de que en el último programa de televisión que el empresario Pedro Pool emite por streaming, amenazara de muerte a militantes del Frente Amplio, la Democracia Cristiana, la Primera Línea, entre otros. Se trata de declaraciones que se han hecho frecuentes en el último tiempo, ya que intervenciones anteriores en otros programas de redes sociales había emitido amenazas contra ex convencionales, además de expresiones peyorativas hacia personas pertenecientes a los pueblos indígenas.

Así lo anunció la delegada Presidencial de Los Lagos, Giovanna Moreira, explicó que la acción legal va interpuesta contra Pool y contra quienes resulten responsables, por amenazas reiteradas contra la sociedad e institucionalidad, a través de redes sociales y distintos medios de comunicación. “Porque como gobierno no aceptamos y condenamos cualquier llamado a la violencia contra las personas. No podemos normalizar el odio y el terror. Sobre todo en el marco de este proceso democrático tan importante como es el plebiscito constitucional” declaró Moreira.

Recordemos que los anteriores dichos de Pool ya estaban en medio de un proceso indagatorio del Ministerio Público de Osorno en el que se han recibido varias denuncias contra el empresario, las que fueron agrupadas en la misma carpeta de investigación. Además se emitió una orden de investigar a la PDI “mismo futuro que tendrán las próximas denuncias, cumpliendo y dándose los mismos requisitos. Dentro de la orden de investigar hay diligencias importantes como la toma de declaración a las personas denunciantes y además el análisis de redes sociales, entre muchas otras” explicó la Fiscal Jefe de Osorno, Angélica de Miguel.

En un comunicado de prensa, la Delegación Presidencial explicó que la acción legal se basa en amenazas de muerte y fusilamiento contra ex convencionales, dichos peyorativos y discriminatorios contra representantes de los Pueblos Originarios en el proceso constituyente y, sobre todo, amenazas en contra de aquellas personas que comulgan con ideas políticas distintas, propagando abiertamente métodos ilícitos, apartados del respecto al Estado de Derecho.

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