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Por Pablo Barría , 4 de octubre de 2022 | 13:18Caso pileta de aguas danzantes: Ordenan a alcalde de Puerto Montt y a ocho funcionarios, restituir 680 millones de pesos
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La Contraloría encontró anomalías en al menos dos pagos que se cursaron a la empresa que construyó la pileta. Ellos se efectuaron a pesar de no contar con la recepción formal de la Directora de Obras Municipales ni de la ITO fiscal.
Más de 680 millones de pesos debería devolver el alcalde de Puerto Montt, Gervoy Paredes y otros ocho funcionarios, luego de conocerse el resultado de la fiscalización realizada por la Contraloría General de la República. Ello tras encontrar irregularidades en la visación de los pagos de dos facturas que se hicieron a la empresa que construyó la pileta de aguas danzantes del centro de Puerto Montt.
El órgano contralor, indagó respecto de la citada inversión y fue contundente en su último informe, el cual se dio a conocer en abril. Dicho documento fue la pieza clave para que se ordene un juicio de cuentas, que lleva adelante el Tribunal de Cuentas de la Subcontraloría, organismo que busca que los dineros sean restituidos por el alcalde Paredes y ocho funcionarios de ese municipio a quienes se le atribuyen responsabilidades en la recepción de la obra.
La Contraloría investigó las aristas del caso y uno de los elementos que dieron pie a las conclusiones fueron los informes negativos de la Inspección Técnica de Obras (ITO) del municipio, la cual no validó los pagos que hizo el municipio ni tampoco la Directora de Obras de la casa edilicia.
En tal sentido el informe detalla que a “don Gervoy Amador Paredes Rojas, don Egidio Mauricio Cáceres Langenbach, don Mario Arnoldo Mundaca Toro, doña Yanet Valeska Bustamante Mayorga, don Luis Ricardo Matus Ramos, don Marcelo Alberto Yubano Guerrero, don Carlos Fernando Antecao Águila, don Jean Paul Jouannet Valderrama y don Carlos Soto Ojeda se les reprocha su actuar culpable al haber aprobado con sus firmas las actas de recepciones provisorias de las etapas 2 y 3 de la referida obra, aun cuando el personal técnico especializado, a saber, la directora de Obras, la coordinadora del Departamento de ITOs, y la misma ITO, no dieron por recibidas esas etapas por los argumentos técnicos que exponen, actos que posteriormente permitieron el pago improcedente de las resoluciones de pago antes citados”.
El informe continúa y se lee: “Se reprocha su actuar culpable al haber aprobado con sus firmas las actas de recepciones provisorias de las etapas dos y tres de la referida obra, aun cuando el personal técnico especializado, a saber, la directora de Obras, la coordinadora del Departamento de ITOs, y la misma ITO, no dieron por recibidas esas etapas por los argumentos técnicos que exponen, actos que posteriormente permitieron el pago improcedente de las resoluciones de pago antes citados”.
El daño efectivamente es de $602.915.938, monto equivalente a 12.271,5 unidades tributarias mensuales (UTM), cifra que a la fecha de presentación del reparo (marzo de 2022) ascendía a los $681.522.295, de acuerdo a Contraloría.
“Conforme con lo anterior, se ha generado un perjuicio patrimonial al municipio, que debe ser resarcido por los demandados, a quienes les asiste responsabilidad civil extracontractual por sus conductas negligentes, producto del incumplimiento al pliego de condiciones y a su deber funcionario”, indica parte del informe del organismo contralor.
Respecto de este caso el abogado Oscar Montesinos, quien estuvo tras la presentación acusatoria a la Contraloría, afirmó que este es un informe contundente. “Cabe destacar la claridad del informe y los antecedentes innegables en cuanto a la responsabilidad, la negligencia y la omisión constante por parte del alcalde Gervoy Paredes en cuanto a su obligación de monitorear y fiscalizar todos y cada uno de los procesos”, subrayó el jurísta.
Agregó Montesinos que el informe indica que todos los funcionarios mencionados e involucrados han cometido omisiones de carácter grave y que deberán ser sancionados por sus actos
Respecto de este hecho, también hubo una denuncia ante la Fiscalía de Puerto Montt que inició una investigación. Sin embargo, este organismo informó el 26 de julio pasado que no continuaba con el caso, archivando los antecedentes.
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