Empresario osornino fue formalizado por amenazas a figuras públicas

El Juzgado de Garantía de Osorno formalizó este lunes al empresario Pedro Pool por los delitos de amenaza terrorista y amenaza simple. Quedó con arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas.

Este lunes fue formalizado el empresario osornino Pedro Pool imputado por los delitos de amenazas de muerte en contra de distintas figuras políticas del país, la que fueron proferidas a través de redes sociales, principalmente YouTube. Pool ha emitido diatribas, insultos y descalificaciones en contra de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, el expresidente Sebastián Piñera, ex convencionales de izquierda y otros.

Jorge Munzenmayer, de la Fiscalía local de Osorno, declaró que el imputado “fue formalizado por tres delitos de amenazas, uno de ellos bajo las características de la ley 18.314, esto es la que tipifica las conductas terroristas. Luego el Ministerio Público pidió la prisión preventiva del imputado porque estos hechos revestían una naturaleza especialmente grave”.

La formalización y lectura de cargos duró más de una hora, lapso en el cual las partes presentaron sus argumentos y descargos. Al finalizar la audiencia el juez Alex Francke desestimó la prisión preventiva solicitada por la fiscalía y los abogados querellantes, por considerar que el imputado no tenía antecedentes previos. Por ello la reemplazó por la medida cautelar de arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas.

Una vez concluida la audiencia el empresario osornino conversó con los medios y declaró que “la casta política santiaguina” lo quiere silenciar. “Lo que se busca acá es acallarme y la fiscalía lo dio a entender, que ni siquiera pudiera hablar por internet, en este caso, por YouTube u otras plataformas. No es que se busque acallar a Pedro Pool; aquí se busca acallarlos a ustedes, a sus hijos, a todo el pueblo de Chile para que no tengan voz ante el robo, el saqueo de Chile de la casta política, de izquierda y de derecha” afirmó Pool.

El tribunal decretó arraigo nacional y prohibición de acercarse a los querellantes mientras dura la investigación, de la que se estableció un plazo de 120 días.

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